La denuncia contra Calderón ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por crímenes de guerra, es una muestra que ciudadanos (que han iniciado la causa o la han apoyado con firmas) le dan a los partidos políticos de que es urgente actuar, no hablar sino actuar, para frenar esta guerra estúpida iniciada hace cinco años con fines políticos.
Hoy, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista y Nueva Alianza, lejos de estar con la gente se han dedicado a arropar al poder, al igual que las cadenas de televisión, Televisa, TV Aazteca, Multivisión, Milenio y Multimedios, en forma pertinaz tapando la realidad que viven las ciudades en el norte de México, donde los territorios han pasado de ser el camino obligado de la droga hacia el gran mercado consumidor, exportador de las armas y lavador del dinero sucio, a campos de batalla donde todos los días hay balaceras, en las cuales, frecuentemente mueren personas que nada tenían que ver, incluso niños y ancianos.
Si un saldo rojo de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados, no mueve al Honorable (?) Congreso de la Unión a tomar medidas inmediatas para evitar más sangre, no creo que haya mucho para hacer que diputados y senadores respondan a las obligaciones de cumplir y hacer cumplir la ley que juraron al asumir sus encargos.
Resulta evidente que en la Guerra de Calderón no se realizan labores de inteligencia para detectar dónde están las bandas y cómo les llegan las armas y también que dentro de los cuerpos de seguridad, desde los niveles más altos, hay complicidades con algunas de las bandas.
Las aprehensiones que llegan a ocurrir no son por lo general producto de investigaciones sino de hallazgos en retenes, en revisiones o al detectar casas de seguridad por denuncias ciudadanas. Las promesas de brindar seguridad son declaraciones de prensa, y en varios lados como ha ocurrido dos veces en San Fernando, Tamaulipas, apenas una plaza sale del foco de la prensa, los destacamentos militares desaparecen.
En el caso San Fernando, hay negligencia criminal de parte de las corporaciones de seguridad e impartición de justicia, debido a que después del hallazgo de 72 emigrantes asesinados, no se llevaron a cabo operativos para brindar seguridad en la plaza, lo que permitió el posterior homicidio de casi 200 personas. La actuación después del descubrimiento de tumbas en abril pasado, no se dio como parte de una investigación federal sino como parte de una investigación local por la desaparición de varias personas que viajaban en autobús rumbo a Reynosa y fueron bajadas en San Fernando.
Con los casos de las fugas de penales ha ocurrido igual, la seguridad prometida nunca se dio. Lo mismo ocurre en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa y especialmente Baja California, donde se ha pagado mucha prensa para que no se revele que las dos ciudades más grandes viven situaciones peores a la de Ciudad Juárez, Monterrey o ciudades de Tamaulipas. El índice de delitos reportados por cada 100 mil habitantes en Baja California este año, es casi el doble de Chihuahua y Durango, dos veces y media el de Tamaulipas y casi tres veces el de Nuevo León, y esto según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Hoy, hoy, hoy, como dijo un decerebrado, incluso la izquierda se convierte en cómplice, al no ejercer acciones reales como detener los fondos para las corporaciones de seguridad pública hasta que informen el porqué no realizan labores de inteligencia, cuál es el estado que guardan las averiguaciones contra policías y militares culpados de homicidios de civiles no vinculados a la delincuencia organizada, y qué ha pasado con las averiguaciones previas por los homicidios de activistas y periodistas, y dónde y qué partes del país están vigilando y cuáles son los operativos que sostienen.
En este contexto, la denuncia ciudadana ante la Corte Penal Internacional, la cual han firmado más de 22 mil personas, no menos de 11 mil como informaron muchos medios capitalinos, lleva implícita la acción de los diputados federales y senadores para obligarlos a investigar el enriquecimiento ilícito de la familia Caldero y la familia Zavala. La venta de Aeroméxico a personas que colaboraron activamente en la campaña presidencial de Felipe Calderón, y los vínculos de varios miembros del Gabinete con la delincuencia organizada.
DELITOS DE ENERO A OCTUBRE DE 20122
Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Publica
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